En los últimos años, España se ha convertido en líder europeo en el desarrollo de las comunidades energéticas: iniciativas que buscan descentralizar la producción de energía y apostar por fuentes renovables, especialmente la solar. Estas comunidades debían ser el símbolo de una nueva “democracia energética”: ciudadanos unidos para producir, almacenar y consumir su propia electricidad, al margen de los oligopolios energéticos tradicionales.
Sin embargo, una reciente investigación periodística publicada por DeSmog revela una paradoja inquietante: un tercio de las subvenciones públicas destinadas a estas comunidades ha sido adjudicado a Repsol, una de las mayores petroleras del país. Y lo ha conseguido a través de una red de empresas filiales y asociaciones satélite que operan bajo apariencia de proyectos ciudadanos.
¿Qué es una comunidad energética?
Una comunidad energética es una forma de cooperación entre ciudadanos, pequeñas empresas y ayuntamientos para producir y usar energía de manera conjunta. Pueden instalar paneles solares en tejados, invertir en baterías colectivas o intercambiar energía mediante microredes.
El Gobierno español apoya activamente esta transición: el Plan de Recuperación post-COVID destinó hasta 500 millones de euros en subvenciones y beneficios fiscales a estas comunidades. Uno de los requisitos clave era la participación ciudadana real y la exclusión de grandes corporaciones.
¿Cómo logró Repsol entrar en el sistema?
Según la investigación de DeSmog, Repsol, a través de su filial Solmatch, ha participado en al menos 30 comunidades energéticas que han recibido fondos públicos. Muchas de estas estructuras presentan características sospechosas:
Los responsables están vinculados directa o indirectamente a Repsol o a sus contratistas;
Los estatutos limitan la participación ciudadana en la toma de decisiones;
Los equipos técnicos se adquieren principalmente a proveedores asociados a Repsol.
Aunque estas prácticas no son ilegales, los expertos denuncian que distorsionan el espíritu original del programa.
¿Por qué es un problema?
La esencia de las comunidades energéticas es repartir el poder y el control energético. Si empresas gigantes como Repsol simulan iniciativas ciudadanas, acaparan recursos públicos y desplazan a proyectos auténticos.
Además, esto afecta la competencia real: pequeños grupos vecinales o cooperativas carecen de medios para competir con corporaciones con departamentos legales y técnicos especializados en captar subvenciones.
En lugar de democratizar la energía, corremos el riesgo de reproducir los viejos modelos de concentración y control.
Reacciones del gobierno y sociedad civil
Por el momento, el Ministerio para la Transición Ecológica no ha hecho declaraciones sobre el caso Repsol, pero ya se discuten cambios en los criterios de adjudicación para futuras ayudas:
Exclusión de entidades con ingresos superiores a 10 millones de euros;
Transparencia obligatoria en la estructura de propiedad y gestión;
Puntos extra para comunidades formadas por al menos 10 personas físicas sin vínculos empresariales.
Organizaciones como Greenpeace España y Fundación Renovables ya han exigido la anulación inmediata de las ayudas adjudicadas a comunidades fachada.
Conclusión
El caso Repsol es una señal de alarma para toda Europa. La descentralización energética no puede quedarse en el discurso. Si los mecanismos de financiación pública se convierten en puertas traseras para las grandes empresas, la confianza ciudadana en la transición ecológica puede verse gravemente dañada.
El Gobierno español tiene ante sí una decisión clave: blindar el modelo de comunidades energéticas o permitir que la “democracia energética” se convierta en una mera ficción.